Estaba leyendo en no al impuestazo la versión taquigráfica de lo que se dijo en la sesión de Diputados el 5 de agosto en el congreso, y me parecion bastante coherente lo que dijo Pinedo (dip por capital), que esta obviamente en contra del impuestazo.
Basicamente plante que para preservar 2000 puestos de trabajos, van a grabar con impuestos a 40 millones de argentinos.
Y que si quieren preservar esas empresas, lo que hay que hacer es modernizarse, y saber adoptar cambios (pone un ejemplo de una empresa, que yo presupongo que se refiere a Hasar).
Aca va el extracto (resalto lo que me parece importante):
Señor presidente: aquí no estamos hablando de Tierra del Fuego, sino de mecanismos de promoción del
empleo. Algunos dicen que un mecanismo es bueno, mientras que otros apoyan otro distinto. Entonces, vamos a discutir cuáles son estos mecanismos, se apliquen en Tierra del Fuego, en Manaos o en Chumbicha.
¿Qué hacer en un contexto de recesión económica?
El oficialismo propone aumentar los impuestos, que es un mecanismo curioso de contrarrestar el problema. El último que lo intentó fue Machinea, cuando se inició la gestión de De la Rúa, con los resultados que todos conocemos.
¿Por qué se produce esta situación tan extraordinaria de aumentar los impuestos en una situación recesiva? A alguien se le ocurrió que la mejor manera de cuidar el empleo de dos mil argentinos, que en promedio ganan 6.500 pesos, es aumentar los impuestos a todos los argentinos por un valor de 3 mil millones de pesos, con lo cual se consigue que 500 millones de ese total vayan a Tierra del Fuego.
¿Cómo se puede pensar –me parece que se interrogaba el señor diputado Sarghini- que es un buen mecanismo otorgar un beneficio de 500 millones, generando 2.500 millones de pesos adicionales de perjuicio?
Esto es lo que estamos discutiendo: ¿la mejor manera de conseguir 500 millones es cargar en el pueblo
argentino una cifra de tres mil millones, o habrá otra manera de hacerlo? Esta es la discusión, y no estamos
hablando de Tierra del Fuego.
A nosotros en particular no nos molesta generar políticas de intervención estatal que promuevan la
inversión y el empleo. Esto figuraba ya en la Constitución de 1853, en lo que se llamaba la cláusula del progreso.
Sería un poco retardatario estar en contra de algo que estaba en 1853.
En cambio, creemos que hay que fomentar actividades sustentables en el tiempo, lo que significa que se puedan mantener por sí mismas, que puedan crecer y que puedan generar empleo autónomamente en el futuro.
Hay algo que no podemos apoyar, y por eso no emitiremos un voto no positivo, como el radicalismo, sino
un voto negativo. No estamos de acuerdo con un mecanismo en el que el negocio sea el subsidio.
Si el negocio fuera algo legítimo y sustentable que requiriese el aporte de dinero, nosotros votaríamos a
favor. En cambio, si el negocio fuera el subsidio, como lo que mencionaba el diputado Bullrich de llamar “celulares de industria nacional” a lo que tenga un cartón o una etiqueta nacional, entonces nosotros no podemos acompañarlo.
Voy a contar a la Cámara una historia que acabo de enterarme. Hace pocos días visité la vieja planta de una
famosa empresa de computación que fabricaba impresoras. Era una industria importante de la Argentina que empleaba en una sola planta a 800 argentinos. Cuando vino la competencia internacional en materia de impresoras esta gente dijo: “Yo así no puedo competir. Me tengo que dedicar a otra cosa.”La misma empresa en la misma planta decidió reorganizarse para prestar servicios basados en informática a todo el mundo. De este modo prestan servicios de contabilidad, de consultorías, y como es una de las empresas de mayor tecnología también presta servicios en tiempo presente y en contra horario; perdieron 800 puestos de trabajo y hoy emplean 8.000 trabajadores argentinos.
Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿no será mejor buscar otro mecanismo de fomento económico como, por
ejemplo, la ley que votamos de promoción del software? ¿No podemos incorporar al mismo régimen de promoción del software los servicios que se hagan a través de la informática y las telecomunicaciones? Es todo una historia; no se trata sólo de 1.000, 1.500, 2.000 u 8.000 empleados, como mencionaba la señora diputada Bertone.
Otro tema que nos preocupa es el de la inclusión digital. En el año 1992 en la Argentina había 14 teléfonos
cada 100 habitantes. La incorporación de la telefonía celular en el interior del país –muchos decían que era un
artículo de lujo, sólo para ricos- permitió proveer en poco más de un año teléfonos a 3 millones de kilómetros
cuadrados, en todos los pueblos de más de 500 habitantes, con la competencia de dos compañías. Hoy tiene teléfono celular el 80 por ciento de la población. Evidentemente, esto tiene algún impacto en la actividad económica y laboral argentina, y en la inclusión digital de nuestro país. En pocos años más, en el mundo actual, en el que hace unos años se decía que tener celular era un lujo, estaremos educándonos y trabajando por Internet en forma masiva y global. Esto implica miles de millones de oportunidades de trabajo y generación de riqueza.
Cuando se castiga el 30 por ciento del precio -lo que estamos haciendo con esta norma-, quienes no pueden acceder a ese nivel de igualdad de oportunidades son precisamente los más pobres en beneficio de poca gente que gana muchísimo más que ellos. Este es otro mecanismo perverso.
Lamentablemente tengo que terminar, aunque querría hacer otras reflexiones cuya inserción oportunamente solicitaré en el Diario de Sesiones. De todas formas, debo señalar que por el artículo 2° de este proyecto estamos haciendo una delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo en contra del artículo 76 de la Constitución.
En fin, como siempre hay que hacer caja…